​Entender la crisis del campo, claves para gente de asfalto

|

Los hechos son más o menos conocidos. A través de redes de WhatsApp, una serie de productores rurales más otros invitados, se dieron manija y propusieron cortar el suministro de alimentos frescos a la zona Metropolitana y turística del Este porque Tabaré Vázquez había dilatado una reunión con las gremiales.

Las directivas de las cámaras no los acompañaron y en una asamblea decidieron esperar aunque algunos siguen considerando que sin romper la ley no van a lograr nada. Hubo llamadas e intercambios, pero Vázquez no fija fecha, probablemente porque espera a tener algo que proponer.

No somos expertos, pero preguntamos, leímos y aprendimos cuatro cosas: Uno: "No se trata de lo más rancio de la oligarquía" que pide por pedir. Dos: Sí hay situaciones coyunturales preocupantes en distintos rubros, lo que no quiere decir que los whatsapps tengan razón ni en sus propuestas ni en sus procedimientos. Tres: Sí se produjo una revolución productiva estructural y aumentó la producción y los flujos de dinero. Cuatro: Algunos consideran que el gobierno debiera equilibrar las políticas sectoriales de largo plazo dedicadas a promover nuevas capacidades y reparar mercados con otras políticas de defensa ante amenazas coyunturales de fuera del sector.


Una mirada política


Los argumentos que trascendieron, tanto de las gremiales como de las intervenciones de WhatsApp, giran en torno a tres ideas. Primero, que no hay ningún sector en el país que esté bien. Eso, claro, no es cierto; basta ver la explosión de gente de vacaciones y de compras.

Segunda idea, que "los políticos" tienen que asegurarles la rentabilidad. Eso quiere decir el gobierno; es decir todos los demás. Es cierto que hay factores externos que afectan al sector, pero la idea de la rentabilidad asegurada suena a rémora de la época del estancamiento, cuando los empresarios uruguayos no peleaban su competitividad, sino rentas políticas. Una variante, que "no puede ser" que un tambero que se levanta temprano no tenga ganancias suficientes.

Tercera idea, que el gobierno le cobra impuestos al campo -a los pocos que trabajan- para darle la gran vida a la mayoría, que son unos vagos. Más que al absurdo de las cifras, llamamos la atención a la disparidad de criterios. El gobierno tiene la obligación de darle ganancia a ellos, pero de ninguna manera un soporte de vida a "los más infelices".

Dicho esto, un segundo aspecto es identificar a los indignados. Hasta por su lenguaje se nota que no son nada parecido a la oligarquía tradicional. Esa categoría de estancieros ausentistas como enemigo principal es un esquema del pasado. Hoy los poderosos del campo son empresas como Union Agricultura Group, que cotiza en Wall Street y maneja con normas de calidad ISO 14.001 unas 100 estancias que suman 180 mil hectáreas. Sus ganancias no se miden en una 4x4.


Una mirada a la revolución estructural


Es cierto que en nuestro campo ha habido cambios estructurales desde 2004. En los 60, cuando se comenzó la planeación del desarrollo y el ministro de Ganadería Wilson Ferreira creó el Plan Agropecuario, se decía que nuestra tierra no era competitiva para cultivos, salvo algo de trigo para consumo interno. Hoy, se consiguen rendimientos de granos de los más altos del mundo, compitiendo con tierras ricas como las de Ucrania y la Pampa.

También se estimaba que 8 millones de vacunos era el límite que se podía producir con las tecnologías de la época. En 1908 había 8:192.000 cabezas y en 1966 8:178.000. De hecho, la cosa siguió así: en 1990 seguían siendo 8,6 millones. Pero en 2015 había más de 12 millones de vacunos pese a que esa producción ocupaba menos superficie por la competencia de la soja y otros cultivos que ocuparon más de un millón y medio de hectáreas.

Nuevas estructuras de estímulos, de tecnologías, de diversificación, de inserción internacional, de cadenas de empresas de servicios agrarios y de gerenciamiento empresarial; especialmente en algunos productos como arroz y lechería. En 2014 la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca determinó que del aumento de las exportaciones más de la mitad correspondía a aumento de volumen físico, no de precio. Y de ese volumen, la mitad corresponde a aumento de factores -más tierra, capital y mano de obra- y la otra mitad a progreso técnico. En las décadas anteriores, el aumento de productividad había sido casi inexistente.

Esta revolución hay que tenerla sobre la mesa. Se dio durante los gobiernos del Frente Amplio, influido a que el Estado fomentó los estímulos, pero se dio porque hubo gente que la puso en práctica.


Una mirada a los problemas coyunturales


Esos son grandes números. Los economistas dicen que en los promedios se ahogan los petizos. No todo el mundo pudo o supo aprovechar con la misma eficacia las oportunidades que se abrieron. En estos procesos hay perdedores.

Las actividades agropecuarias son particularmente sensibles a factores externos. Sea el tipo de cambio u otras políticas públicas, sea la sequía. En Navidad había en Río Negro productores plantando soja por segunda vez porque el primer sembrado se había perdido.

En 2017 el país creció, pero el agro se retrajo y se esperan caídas de 38% en la cebada, 14% en la soja, 12% en el arroz , cuya siembra cayó entre 7 y 10% porque tiene márgenes negativos. Pese al rendimiento de 8.500 kilos por hectárea, en la zona de Caraguatá una represa que puede regar 800 hectáreas este año no encontró clientes.

La lechería, un sector tecnificado, arrastra el efecto de la caída de precio internacional de hace 3 años, a pesar de un leve repunte. Arrastra es una palabra precisa, porque fue generando una deuda pesada que ha dejado productores por el camino. En 2016, 163 tambos abandonaron el rubro y se estima que otra cantidad lo hizo el año pasado.

Un resumen de este panorama es su reflejo en el endeudamiento. Según el último Reporte del Sistema Financiero del Banco Central, la deuda del sector agropecuario con los bancos equivale 75% de lo que produce en un año. Y, para peor, el 98% está en dólares, de manera que una suba del dólar no será necesariamente una buena noticia.

En general, el gobierno tiene como prioridad bajar el déficit fiscal -cosa que también beneficiaría a la agropecuaria-, pero justo por eso no tiene margen para otorgar beneficios monetarios al sector.

En síntesis, sí hay problemas y algunos los sufren más.

En resumen, es necesario rever prioridades y revisar a la baja ese 75% invertido en servicios públicos para construir programas defensivos potentes y sistemáticos que atiendan situaciones de las que los productores no pueden salir por sí mismos.



Jaime Secco

Sin comentarios

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.