​Denunciaron penalmente a los 31 ediles titulares por cobrar la partida compensatoria de gastos

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Denunciaron penalmente a los 31 ediles de la Junta Departamental de Soriano por el cobro de las 40UR de la partida compensatoria de gastos. El dirigente colorado Juan Gutiérrez formalizó esta denuncia en el Juzgado Letrado de 1ª instancia en lo penal de Mercedes, el viernes a las 12,20hs, presentando un escrito justificando su denuncia. Gutiérrez invoca la Constitución de la República y la inconstitucionalidad que significa cobrar dicha partida. Opinando que corresponde “se les obligue a renunciar a sus cargos” y devolver el dinero cobrado hasta la fecha. En dicha denuncia Gutiérrez incluye “a los 31 miembros titulares del Legislativo Departamental” quienes “están cobrando una partida de 40 UR” y que según sus declaraciones “es para su uso personal justificando la misma con una boleta de Gasto de Combustible”. Recordando que la Constitución de la República establece que “el cargo de edil es "nominativamente" honorario desde siempre, no de ahora”. Y que los ediles “han encontrado diversos caminos, a lo largo de los años transcurridos desde el restablecimiento democrático, para burlar la naturaleza gratuita de su función. Y esto lo han hecho los ediles de todos los partidos”. Aclarando “con esto no quiero decir que el trabajo no se deba pagar, pero vulnerar la Constitución Nacional justamente por quienes deben saberla y bregar porque ésta no sea vulnerada, no debe ser tolerado, más sabiendo que allí hay un legislador que es abogado y que trabaja en el Poder Judicial, creo que él es un referente” quien debería saber “que lo que están haciendo actualmente es un delito grave porque se usa el dinero público” en cosas particulares. Remarcando “esta acción que denuncio es burlarse de la ley violentándola públicamente y al no actuar la Justicia se puede entender que tiene el consentimiento implícito”. Para agregar “esta denuncia le permitirá solicitar también que los ediles se abstengan de recibir por un camino fraudulento, engañoso, una remuneración que resulta razonable pero que, ahora es ilegítima y penada por la Constitución Nacional en su Artículo 295”. Reiterando que los ediles cobran “una partida fija de cuarenta unidades reajustables por mes desde el día en que asumieron a este cargo, presentando para cobrar la misma contablemente una boleta que indica, (Gasto supuestamente de Nafta), o sea de uso de combustible, sabiendo que ésto no es para nada legal, como tampoco es un "FORFETAIRE", término francés que indica un pago alto para cerrar el tema, en que no requiere la presentación del comprobante de gasto ya que el gasto es para cosas personales. Esto está siendo observado continuamente por el “Tribunal de Cuentas de la Nación”, los integrantes de la Junta Departamental lo saben, lo reconocen como dinero mal habido y de igual manera lo siguen cobrando mensualmente”. Esta acción, según Gutiérrez hace “que se declaren nulos todos los actos, resoluciones y hechos desde el primer día que comenzaron a recibir este dinero del pueblo” los 31 ediles. Pidiendo “que se les aplique el peso de la ley por quedarse con este dinero público”. Por tanto “corresponde que se les obligue a renunciar a sus cargos” y que “deberían reintegrar el dinero cobrado hasta el día de hoy, dejar sin efecto en sus funciones Legislativas desde el día que asumieron ya que desde ese día incurrieron en la falta” y que “la Corte Electoral convoque a los respectivos suplentes para evitar ausencias en este Legislativo Departamental”.



Casi $ 827 mil por edil

Si la denuncia fuese considerada por el Juez y finalmente el juicio le terminara dando la razón a Gutiérrez cada edil deberá devolver casi $ 827 mil en virtud de que hace 21 meses que están en el cargo. Lo que significa un monto total, por los 31 ediles titulares de casi $ 26 millones, a la fecha.

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