Delitos ambientales al análisis del Parlamento

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Fechado el 1 de febrero de 2017, con firma de todos los ministros, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de Ley sobre Delitos contra el ambiente, para su consideración. Esto se enmarca en el proceso de trabajo, desde mediados de 2016, entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y la Fiscalía General de la Nación.

El proyecto busca incorporar este delito en el Código Penal uruguayo, a través de figuras delictuales cuyo bien jurídico protegido sea el ambiente y la tipificación de ciertas conductas, plenamente identificables y de cierta entidad, como “delitos contra el ambiente”.

Para el director Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, “esta propuesta de ley responde a un proceso de consolidación del tema ambiental en Uruguay, en los últimos años se fortaleció la legislación así como la importancia del tema en la opinión pública, ya sabemos qué conductas ambientales son correctas y cuáles reprobables, entonces podemos dar el paso de que determinadas conductas que eran sancionadas por la legislación no sean solo sancionadas administrativamente sino también se constituyan en un delito penal.”

Con este proyecto se constituyen 8 delitos contra el ambiente agrupados en: delitos contra la contaminación (de agua; aire; por residuos o sustancias); delitos contra la biodiversidad (relativos a la fauna, a la flora, y al tráfico de flora y fauna nativa); delitos contra la gestión ambiental (contempla, entre otras cosas, penar a quienes proporcione información falsa que sea sustento para el ejercicio de los cometidos de la autoridad nacional ambiental).

El jerarca destacó que se trata de un proceso que inicia nuestro país, y aludió al ejemplo España que cuenta con 45 delitos, “pero esto implicó varios años y más de cuatro modificaciones de la ley”.

El proyecto de Ley de Uruguay prevé que la responsabilidad penal no recaiga únicamente en la persona física sino también a la persona jurídica. El artículo 11 señala que cuando los hechos sean atribuibles a una persona jurídica, “se considerará plenamente responsable a quien hubiera ejercido efectivamente el poder de dirección y a quien con su participación hubiera contribuido de manera determinante en la concreción de tales hechos”.

En cuanto al castigo, las penas previstas van de 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría.

La prevención y previsión son criterios prioritarios, frente a cualquier otro, en la gestión ambiental. Sin embargo, conciliar desarrollo y conservación, ante el crecimiento que han tenido sectores como la industria, el sector productivo, etc., requiere de nuevos mecanismos de control y sanción para cuidar lo que es de todos. Hasta ahora estaban previstas sanciones administrativas por infracción y multas.

Con el presente proyecto de Ley, tal como lo indica el propio texto, “se espera reforzar las posibilidades para que el Derecho contribuya a la protección del ambiente, como un bien jurídico de especial trascendencia (…) complementando la legislación ambiental ya existente, con una amplitud de respuesta que trascienda la sanción administrativa y la jurisdicción civil, por medio de un amparo mayor”



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