Mejorarán condiciones de acceso a tierras para la producción familiar

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El pasado martes 13 de diciembre la Cámara de representantes de Uruguay aprobó la modificación del artículo 35 de la Ley de Colonización que ahora pasará a estudio del senado. Con la concreción de este cambio, a la legislación de 1948, antes de vender un campo de más de 200 hectáreas en los departamentos de Colonia, San José, Florida y Maldonado o de 100 en Canelones se deberá ofrecer en primer término al Instituto Nacional de Colonización (INC) para la inclusión en su cartera de tierras.

Hasta el momento el INC es el primer oferente legal para las tierras de más de 500 hectáreas, este cambio amplia sustancialmente las oportunidades de acceso, al pasar de 500 a 200 has y aplica para a tierras con un índice Coneat 100, incluye además a los campos linderos a colonias existentes.

Esta propuesta de cambio surge y fue largamente discutida entre los productores y productoras familiares de las Mesas de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y en la Sección Nacional (Uy) de la REAF Mercosur. Si bien fue liderada por el diputado del Frente Amplio Nelson Larzábal, fue acompañada en el parlamento por el voto de todos los partidos, reflejando la relevancia que le da Uruguay a las políticas de acceso a la tierra para la producción familiar.



Un avance y un fortalecimiento”



Para Jaqueline Gómez, Presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC), “la modificación del artículo 35 es sin dudas un avance y un fortalecimiento del trabajo que hemos venido llevando adelante en relación a la producción familiar” Al mismo tiempo Gómez resaltó especialmente el rol de las organizaciones “que durante todos estos años han reivindicado este proceso y han discutido con la institucionalidad pública, y en los distintos ámbitos como la REAF han analizado la propuesta para mejorar la llegada del INC a los territorios donde la producción familiar está presente”.

Tanto Gómez como los técnicos consultados entienden que este cambio permitirá una mejora en las políticas públicas, dando respuesta a territorios donde la producción familiar ha construido condiciones de vida para las familias.


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