“La expectativa es que en el año 2017 tengamos una ley de Publicidad Oficial”

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La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, comenzará en la mañana de hoy a tratar la iniciativa ciudadana sobre distribución de Publicidad Oficial, informó el asesor del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Gustavo Gómez. El proyecto de ley sufrió algunas modificaciones a la redacción original que tiene que ver con las autonomías de los gobiernos departamentales, la creación de un organismo de contralor y asesoramiento, además de cambios en las sanciones a quienes no cumplen la Ley. A pesar de esas modificaciones, el especialista en temas de comunicación considera que la propuesta de ser aprobada será “una herramienta importante para la eficiencia del gasto público como para evitar abusos en la distribución de fondos públicos”. Gómez participó el fin de semana pasado de la Asamblea Anual de la Organización de la Prensa del Interior (OPI) ocasión en la cual dialogó con Centenario.


¿En que está el proyecto de Ley sobre distribución de la Publicidad Oficial?


Este año ingresó por iniciativa ciudadana un proyecto de ley para regular la distribución de la publicidad oficial que fue firmado por diputados de los cuatro partidos políticos, eso le dio un espaldarazo importante desde el punto de vista político. Se hicieron además una serie de audiencias con actores muy variados que opinaron sobre el proyecto de ley y hoy nos encontramos ante una situación que ya escuchadas todas las partes, los legisladores de la Comisión han decidido comenzar a tratar el proyecto votando los artículos que tienen mas consenso. Está previsto hacer una reunión antes de fin de año para ver si la Comisión de la Cámara de Diputados puede terminar de aprobarlo.


¿Cuándo comenzará esa votación?


Comienza este miércoles 16 de noviembre a la mañana.


Se introdujeron algunas modificaciones con relación al proyecto original, ¿cuáles son esos cambios y a raíz de qué se dieron?


Nosotros desde Cainfo hicimos una propuesta alternativa teniendo en cuenta todas las opiniones, esa propuesta se las entregamos personalmente a los legisladores de la Comisión y creo que será el documento que tendrán en cuenta para votar esta nueva Ley. Allí hay ratificaciones de aspectos muy importantes del proyecto inicial que se mantienen, como son los criterios para la distribución de la publicidad oficial, prohibiciones sobre lo que no se debe hacer con la publicidad, se mantiene la idea de al menos un 30% dirigida a medios del interior y establecer un fondo de dinero para mediciones de audiencia en todos los departamentos del país. Estos son aspectos importantes que se mantienen. Se cambiaron algunas por opiniones críticas que habían, entendimos que algunas eran pertinentes y otras mas bien lo hicimos para tratar de quitar obstáculos y poder lograr que se apruebe la ley con el apoyo de todos los partidos políticos. Esos cambios tienen que ver con el cuestionamiento de que la ley podría violar la autonomía de las Intendencias. Se resolvió que éstas tienen la obligación de la transparencia, pero desde el punto de vista de las asignaciones de gastos y procedimiento no se tocó, igualmente le corresponde atender los principios generales y prohibiciones de la ley. Con eso esperamos subsanar algunas críticas que había por la posible inconstitucionalidad de la ley en cuanto a la autonomía de los gobiernos departamentales.

Un segundo aspecto que también revisamos es la creación de un organismo (Unidad de Asesoramiento a la Publicidad Oficial) fue cuestionado por varias razones, una de ellas era no crear nuevas instituciones, pagar nuevos sueldos, etc. Por tanto si bien en nuestra opinión las garantías las tiene que dar un organismo independiente, optamos para que las tareas de control que iba a tener este organismo, se asignen al Tribunal de Cuentas y la tarea de asesoramiento y evaluación de como se está utilizando la publicidad oficial, lo haga una agencia de compra y contrataciones estatales que ya hace asesoramientos. Con esto creemos que vamos a quitar los obstáculos principales para que esta ley sea aprobada.


¿Cuál es la disposición que hay a nivel político para aprobar la nueva ley?


El ambiente es muy positivo. La idea es aprobar la ley lo más lejos posible de las próximas elecciones, si la Comisión este año termina de votarla, a principios del año próximo el Plenario de la Cámara de Representantes podría hacer lo propio. Luego es necesario que pase al Senado, pero la expectativa que tenemos es que en el año 2017 tengamos una ley de Publicidad Oficial.


¿Y eso qué representaría para el Uruguay?


Por un lado una mayor transparencia y ojalá una mejor y más justa distribución de fondos que son públicos y se están repartiendo muy mal. Se dispone de dinero para hacer conocer a la población servicios e informaciones que el Estado tiene para dar y eso es un derecho de la gente. No se está distribuyendo bien la publicidad oficial y esta ley procura que toda la población tenga una distribución adecuada a través de los medios adecuados que no siempre están en Montevideo. Por otro lado es una manera de darle transparencia a todo este sistema. Existen muchas dudas no sólo en lo que se asigna, sino en todo el proceso intermedio hasta que llega al medio de comunicación donde uno lo lee, escucha o mira. Las exigencias de transparencia que tendrá la Ley tanto para el Estado como para los agentes privados intervinientes, garantiza de alguna manera evitar abusos, disminuir posibles corrupciones y eliminar algunos mecanismos perversos que hoy tenemos en el sistema de asignación de publicidad oficial que debemos combatir y para lo cual la ley no será la única solución, pero sí una herramienta importante, tanto para la eficiencia del gasto público como para evitar abuso en la distribución de fondos públicos.



Sanciones


Una de las modificaciones hechas al proyecto original tiene que ver con el capítulo de sanciones, que fue eliminado. Allí se establecían multas del 20% al 50% de la remuneración salarial para la autoridad o responsable del organismo público que incumpliera con la ley. En ese sentido la Asamblea de OPI recomendó al Consejo Directivo trabajar en un articulado que establezca sanciones a quienes incumplan la norma. No establecerlo podría generar una norma de “letra muerta” entendieron los medios escritos del interior del país.





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