​Pedido de informes sobre pensiones a exiliado y presos políticos enfrenta a diputados de Colonia

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Un pedido de informes dirigido al Banco de Previsión (BPS) para conocer cuántos y quiénes son los beneficiarios de la Ley 18.033, sobre pensiones a exiliados y presos políticos durante la dictadura, efectuado por la diputada del Partido Colorado por Colonia, Nibia Reisch, generó una rápida reacción de su colega del departamento, el también legislador Nicolás Viera (Frente Amplio) quién le preguntó si no le inquietaba  que los torturadores sigan cobrando su jubilación. “Está bien que busque información, bueno sería que la busque toda”, retrucó Viera.

El pedido de Reisch

Co fecha 13 de octubre, la diputada colorada elevó a la Presidencia de la Cámara de Representantes, un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su remisión al Banco de Previsión Social, solicitando datos “respecto a las acciones cumplidas en el marco de la Ley 18.033 del 13 de octubre de 2006, que confiere el derecho a indemnización a quienes por motivos políticos, ideológicos o gremiales se vieron obligados a abandonar el país, fueron detenidos o desaparecidos, así como a sus causahabiantes (cónyuges, concubinos, hijos menores de edad y mayores de edad discapacitados)”.

Reisch pide al BPS se le informe sobre “cuantas son las personas que han sido beneficiadas del cobro de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios”, “nombre y demás datos de los beneficiarios”, como también “monto totales que perciben”. Requiere además se le informe de “cuáles fueron los controles efectuados  respecto a que se configurara en cada caso, una legitima percepción del beneficio”.

Consultada por el periódico La Diaria, Reisch dijo que le “llama poderosamente la atención” la norma, dado que “muchos” de quienes reúnen las condiciones previstas en la ley –aunque “no la totalidad”- “atentaron contra la propia democracia y ahora tienen ciertos privilegios por encima del resto de la población”, mientras que por otra parte en el país existen “muchos uruguayos que no reúnen las condiciones para una causal jubilatoria”.

La norma, sostuvo, asegura un monto mínimo de jubilación de 18.076 pesos y, entre otros beneficios, enumeró, quienes fueron detenidos y procesados por la Justicia militar y civil tienen una pensión especial reparatoria que equivale a 38.500 pesos.

La Ley establece una serie de beneficios jubilatorios o pensiones para personas que “por motivos políticos, ideológicos o gremiales” se hubieran visto obligadas a abandonar el país entre 1973 y 1985 (el período de la dictadura); “hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante dicho lapso, total o parcialmente”; o “hayan sido despedidos de la actividad privada, al amparo de lo preceptuado por el Decreto 518/973, del 4 de julio de 1973, y lo acrediten fehacientemente”.

La respuesta de Viera

A través de su cuenta de facebook el también diputado por el departamento de Colonia, Nicolás Viera (FA) no demoró en responderle a su correligionaria colorada.

Son “las mismas voces que hablan de "dar vuelta la página" siguen escarbando en el pasado”, comenzó diciendo. “Obviamente que escarban en una sola dirección, yendo contra las víctimas del terrorismo de Estado y (en silencio) defendiendo a los golpistas”, subrayó.

Aún sigo esperando la enérgica condena de la Diputada y de su Partido al Golpe de Estado dado por Juan María Bordaberry integrante de su Partido”, le recordó Viera.

Y agregó: “Está bien que busque información, bueno sería que la busque toda... ¿No le inquieta que los torturadores sigan cobrando su jubilación? ¿No le parece llamativo que el Estado le pague la jubilación a quienes atentaron contra él? Porque el Estado le pagaba el sueldo a militares para torturar”, preguntó.

Viera precisó que “la prestación de presos y exiliados es justa y necesaria, y forma parte del reconocimiento tácito  que realiza el Estado por haber torturado, matado y desaparecido compatriotas por el hecho de pensar distinto a los gobernantes autoritarios”. 

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