​La gente quiere seguridad

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El artículo 7 de la Constitución de la República señala: Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general “

Precisiones: Vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Derechos todos preexistentes a la propia Constitución de la República, nuestro gran pacto político. Lo que la Constitución garantiza es la protección en el goce de los mismos, en el ejercicio de tales, que no es lo mismo que decir que los concede. Son tan fuertes estos derechos, tan sagrados e inherentes a la propia condición humana que el constituyente ( la ciudadanía, el pueblo ) a través de su pacto político no hace otra cosa, extremo no menor por cierto, de reconocer su existencia. Asimismo y en una interpretación armónica y sistemática del artículo mencionado más el 72 y el 332, hacen afirmar a nuestra doctrina constitucional y nuestra jurisprudencia que estamos en presencia de una Constitución de raíz jusnaturalista.

Un Estado que concentra el monopolio de la fuerza y de las armas a través de sus cuerpos policiales y militares no puede dejar de actuar bajo ningún pretexto. Lógicamente, que bajo el manto de la ley, de las autoridades electas y de los jueces.

La situación hoy: Ya hemos sentado posiciones al respecto desde que comenzamos a escribir en Uypress.net, por lo que ante cualquier duda se pueden consultar sus archivos.

Por lo tanto queremos reafirmar algo por honestidad intelectual y nobleza. El ministro Bonomi y el subsecretario Jorge Vázquez han sido un tándem exitoso en los últimos años y ello debido a múltiples argumentos a los que nos remitimos en nuestros artículos anteriores, como decíamos. No quiero dejar de mencionar en esta lucha contra el crimen organizado al Inspector Guarteche.

Tampoco al andamiaje jurídico que los legisladores de varios partidos políticos le brindaron a nuestro Estado, a través del Poder Judicial con la creación de los Juzgados del Crimen Organizado, que bien exitosos han sido en su accionar.

La Guardia Republicana es hoy uno de los más eficaces modos de desplegar fuerzas de choque en el territorio. Ahora tendrán una base en el norte. Y es de esperar que ello se repique con fuerza en otras zonas. Lo que demandará recursos humanos y económicos.

Al crimen se lo combate con la disuasión, la ley, y también con balas y lo que la situación amerite. El presidente de la República, a quien voté en las pasadas elecciones nacionales, está, como es su obligación constitucional, liderando, como el primero entre sus iguales, la lucha contra el crimen que asola a lo largo y lo ancho el país.

El nuevo código del proceso penal, lamentablemente, para mí no ha sido un avance. Dio a los delincuentes una sensación de impunidad que los está haciendo transgredir todos los límites.

Si a eso sumamos que las Fiscalías actúan de manera caótica ( me remito a las notas de prensa, no son sensaciones subjetivas ), y que se echan la culpa mutuamente con la Policía, pues es que algo anda mal. No creo que haya que darle más dinero a la Fiscalía.

Considero que la prisión preventiva debe ser reinstalada sino será muy difícil parar esta ola de delincuencia. Asimismo antes los jueces trabajaban de manera impecable y mientras la Policía investigaba bajo su batuta, el trabajo en equipo daba resultados plausibles. Hoy, el trabajo en equipo demora demasiado en encajar y el adversario son ellos, los delincuentes.

La pretendida reforma de la Constitución es un artilugio electorero para sacar las fuerzas armadas a la calle y poder ganar la elección interna dentro de un partido político. Es absurdo y no resiste el menor análisis: juntan firmas para reformar la Constitución en el 2019 pero la violación de los derechos enunciados al comienzo del artículo es ahora, ya, en este momento en algún rincón del Uruguay.

Yo no me olvido, además, de lo que hizo este cuerpo estatal en la dictadura. Los llamaron y se quedaron 12 años y mientras tanto se sigue esperando verdad y justicia, que aparezcan los restos humanos y el perdón consiguiente.

Tal vez así, sólo así, sea posible que uno vea sin desconfianza a quienes son llamados por algunos a combatir el delito.

Mientras sigan los charrasquillos de este tenor, no se enfrenta la violación de los derechos fundamentales . Es hora de trabajar, de desplegar las fuerzas policiales en todo su más amplia acepción. Y ya . Y si hay que reprimir no debe haber miramientos. Pero reprimir a los delincuentes. Las Fuerzas Armadas no. No es que uno vea brujas o crea en ellas, pero que las hay las hay....



Federico Arregui. Abogado. 

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