Una afrenta que desprestigia aún más al sistema político

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La Jutep es una vergüenza. Los que menos tienen ética son los que están ahí. No tienen validez ninguna. La Jutep son tres tipos que pusieron a dedo”.

Con esas expresiones el Senador del Partido Nacional, Guillermo Besozzi critica la integración de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), luego de conocerse que nueva documentación sobre el caso de la compra de combustible de la Intendencia de Soriano en las estaciones de servicio propiedad del Intendente Agustín Bascou, cuando éste era suplente del hoy Senador (ver Centenario del miércoles pasado), se elevarán a ese organismo para que vuelva a pronunciarse acerca del tema.

Besozzi habla como si desconociera que la integración de la Jutep no requirió venia del Senado y que todos los legisladores de su Partido en esa Cámara el día que se aprobó la composición de ese organismo, la votaron. Habla con total desparpajo de una figura del Partido Nacional, respetada por su probidad, como lo es la señora Matilde Rodríguez Larreta (esposa del diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado por la dictadura cívico - militar en Buenos Aires).

Sus palabras no tienen en cuenta que la hoy llamada Junta de Transparencia y Ética Pública, nació a través de un acuerdo de todos los partidos políticos uruguayos que impulsaron la idea de abordar a nivel legislativo, los problemas planteados por la corrupción - flagelo que se expande por el mundo y al cual Uruguay no es ajeno - a nivel del Estado y la Administración Pública.

Uruguay suscribió en Caracas (Venezuela) en marzo de 1996, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC) y la ratificó internamente mediante Ley en 1998.

Tras largas discusiones y negociaciones el Parlamento, mediante la Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998, resolvió crear la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, organismo integrado por tres miembros, designados previa venia del Senado con la mayoría de 3/5. Se procuró así, mediante la integración plural, conformar un órgano de amplia representatividad, establecer una garantía adicional y adoptar un mecanismo idóneo para reducir el riesgo de posibles errores.

La Junta Asesora asumió funciones de perito auxiliar de la Justicia Penal, pero sin facultades de Investigación, dado que éstas, como las de instrucción, son de carácter jurisdiccional. La ley Nº 17.060 le asignó cometidos concretos como órgano de control superior en todo lo que supone la lucha contra la corrupción

A partir del año 2009 el organismo pasó a denominarse Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) manteniendo las funciones y cometidos asignados anteriormente, instrumento que contiene normas referidas al uso indebido del poder público, extendiendo y profundizando la transparencia estatal, modificando la legislación penal sobre delitos de corrupción y obligan a determinados funcionarios públicos a presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos.

La JUTEP está compuesta por tres miembros, quienes duran 5 años en sus funciones, a partir de su designación por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores otorgada por 3/5 de votos del total de sus componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral.

Actualmente está conformada por el Cr. Ricardo Gil Iribarne (Presidente), Dr. Daniel Borrelli Uberti (Vicepresidente) y la señora Matilde Rodríguez (Vocal).

Que un Senador de la República, infiera semejante crítica a la Jutep, es una clara señal de cómo los intereses personales se ubican por encima del bien común, contribuyendo de esa manera al descrédito de una sociedad que observa cómo el sistema político rehúye de controles que procuran una mayor transparencia de la administración pública.

Cuando no se tienen en cuenta los informes del Tribunal de Cuentas, o como en este caso de la Jutep, se cimientan las bases de un sistema de control, creado para que la sociedad toda cuente con resguardos ante el abuso de poder.

La ofensa no hace otra cosa que contribuir al descrédito de un sistema político que reniega, como lo hace Besozzi, de controles, erosionando las instituciones capaces de garantizar la transparencia en la función pública.

La vigilancia y control de la labor pública, la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la información pública, son necesarios para tener una correcta supervisión del actuar gubernamental, evitando así que la administración se vuelva en una gran estancia, donde el patrón hace y deshace, sin dar explicaciones de nada. 

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